Por Osvaldo Coggiola
Cuando Brasil venció la Copa de las Confederaciones, en el mismo
momento, fuera del Maracaná, una multitud, equivalente a la que se encontraba
en el estadio, protagonizaba una batalla campal contra la policía, que usó
bombas, gas y balas de caucho. El saldo fue decenas de heridos y detenidos. Que
el fútbol, religión nacional, no haya desviado una movilización
antigubernamental es un hecho inédito en la historia. Tan insólito como el
hecho de que la presidente ni siquiera pisó el estadio, teniendo una silbatina
peor que en la inauguración de la Copa. Neymar se pronunció (pese al cerco de
seguridad que lo rodea permanentenente) en favor de las manifestaciones. El
mismo domingo, la Cámara Municipal de Belo Horizonte fue ocupada por jóvenes
que reivindican la apertura de los contratos con las empresas privadas de
transporte urbano, para poner en evidencia los superlucros patronales y la
corrupción descarada de los “representantes populares”. Desde la semana pasada, los movimentos de las
favelas paulistas (MTST, los “sin techo”, y “Periferia Activa”) organizan
manifestaciones y bloqueos de avenidas contra las pésimas condiciones de
alojamento, salud y transporte en los barrios pobres.
Al mismo tiempo, se desarrolla una formidable ofensiva represiva no
solo en las calles sino en las mismas favelas, un gigantesco operativo de
militarización para evitar que los sectores más explotados se incorporen
masivamente a la lucha. En la Favela de la Maré la operación dejó media docena
de jóvenes muertos, definidos como “ladrones”; enseguida se puso en evidencia
que ninguno de ellos había tenido siquiera una acusación formal en su contra en
toda su vida. El monstruoso aparato represivo brasileño ha sido incrementado y se
ha sofisticado como nunca en función de los “grandes eventos” (campeonatos
mundiales de fútbol y Olimpiadas) por el “gobierno de los trabajadores”. Durante
las primeras manifestaciones, Dilma Rousseff ofreció pública y explicitamente
el apoyo de la “Fuerza Nacional”, un engendro represivo “contrainsurgente”
montado por el gobierno del PT, a gobernadores e intendentes ‘en apuros’.
La rebelión popular ha originado una crisis institucional. La PEC
(propuesta de enmienda constitucional) nº 37, enviada por el gobierno al Congreso,
fue rechazada por... 430 votos contra 9. La PEC proponía transferir las
facultades de investigación del Ministerio Público a la Policia Judicial. Es una
maniobra para que el Poder Judicial (que se le escapó al PT de las manos)
frenase la investigación de los casos de corrupción gubernamental. Los nueve
votos a favor fueron de nueve derechistas hipercorruptos, hasta el presente adversarios
del gobierno; toda la bancada del PT votó
contra el gobierno, que se ha quedado sin “base aliada” parlamentaria.
Frente a la catástrofe política, Dilma sacó de la galera una propuesta de
constituyente para tratar una reforma política (financiamento público exclusivo
de las campañas electorales), a la que el Poder Judicial y la mayoría de los
parlamentarios se declararon hostiles. El gobierno reculó y pasó a defender un plebiscito
sobre uma propuesta de reforma. En las actuales condiciones, la propuesta puede
dar un eje político nacional de repudio a la movilización heterogénea de las
calles.
El índice de aprobación de Dilma Rousseff cayó del 70% al 30%. En una
reunión de Dilma com las centrales sindicales, el representante de la Conlutas
denunció la propuesta de “plebiscito popular” como una maniobra distraccionista
desesperada. Los planteos de las centrales sindicales al gobierno fueron
simplemente ignorados, y ha sido convocado um paro general para el 11 de julio,
esto es, para casi un mes y medio después de las primeras manifestaciones
contra el tarifazo de los transportes. Conlutas convocó a algunas movilizaciones
parciales (sin éxito) antes de esa fecha.
La tentativa de la izquierda de participar con columnas propias
(“rojas”) en la manifestaciones en la Av. Paulista fue literalmente repelida a
palos. Los manifestantes no apreciaron el intento de diferenciación de la
izquierda y tampoco el propósito de hacer propio al movimento. La izquierda ha replicado reclamando el
derecho a participar con banderas propias en las manifestaciones. Pero todo
esto es distraccionismo, porque la izquierda no se hecho conocer a través de un
planteo próprio, es decir sin aportar al movimento. No ha dicho ni pío sobre la
constituyente, cuando la burguesia la rechaza con el planteo de que las
constituyentes se convocan cuando se rompe un régimen político y se plantea la
creación de otro. Algunos de la “izquierda progre” (intelectuales sin partido,
aliados del PT de todo tipo) han llegado a denunciar todas las manifestaciones como montajes de la CIA contra el
gobierno del PT, en un artículo ampliamente traducido y difundido por sitios y
redes chavistas y “progres” del continente (“La protesta brasileña de la última
semana”, por Tania Jamardo Faillace, Alai-Amlatina). Este fin de semana, Lula
salió de su mutismo para decir que hay que estar en la calle para “empujar el
gobierno hacia la izquierda”.
La movilización calllejera es cada vez más generalizada; el paro
general nacional del 11 de julio, convocado por todas las centrales sindicales
es un intento claro de recuperar la calle para las agencias populares del
gobierno, que se encargarían luego de desmovilizar la rebelión. Un boicot al plebiscito podría reencender el
movimento y provocar la caída del gobierno y las elecciones antecipadas. Puede
darle una plataforma nacional y un nuevo escalón político al movimiento de las
calles. Egipto también ayuda.
